Karla Toledo Zamora presentó en el Senado una iniciativa para reformar el Código Civil Federal, con el objetivo de combatir el pretexto de la insolvencia como evasión estratégica de obligaciones alimentarias. La propuesta surge ante el dato alarmante de que más del 60% de las madres separadas en México no reciben pensión de manera regular.
De acuerdo con la senadora del PRI, esta reforma busca identificar y sancionar la insolvencia simulada. Esta práctica ocurre cuando los deudores transfieren bienes a familiares, utilizan prestanombres o cambian la titularidad de sus propiedades antes o después de un divorcio para ocultar sus ingresos reales.
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Investigación de movimientos patrimoniales; urge atacar insolvencia simulada
La iniciativa dota de nuevas facultades a los jueces para garantizar el cumplimiento de los derechos de los menores. Los puntos clave de la propuesta incluyen:
- Facultad de investigación: El juez podrá rastrear transmisiones patrimoniales realizadas hasta tres años antes o después del inicio del proceso legal.
- Diferenciación jurídica: Se establece una distinción clara entre quien padece una imposibilidad material real y quien manipula su patrimonio deliberadamente.
- Protección constitucional: La reforma se fundamenta en el interés superior de la niñez y el artículo 4º constitucional.
Un historial de combate a la morosidad
Toledo Zamora recordó su gestión como diputada local en Campeche, donde impulsó la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Señaló que, actualmente, muchas mujeres se ven obligadas a sostener solas el hogar mientras enfrentan largos juicios civiles para exigir lo que por derecho corresponde a sus hijos.
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La senadora aclaró que la intención no es perseguir a quienes han perdido su empleo o viven en situación de pobreza.
“Esta reforma no criminaliza la pobreza de un padre que no puede pagar, si no Combate el fraude del que sí puede pero simplemente no quiere, esto está respaldado por el artículo 4º constitucional y por el principio del interés superior de la niñez. La Suprema Corte ha sido clara en determinar que el juez debe analizar la capacidad económica real del deudor, y no sólo los ingresos que formalmente declara” señaló la senadora campechana.
La Senadora dejó en claro que se está persiguiendo y criminalizando al padre que perdió su empleo, si no que se está proponiendo cerrarle la puerta al deudor que simula insolvencia mientras mantiene un nivel de vida incompatible con lo que reporta ante el juez
Recalcó la importancia de legislar al respecto porque más del 60 por ciento de las madres separadas o divorciadas no reciben pensión alimenticia de manera regular o simplemente no la reciben nunca, eso significa que la comida falta, colegiaturas que no se pagan, atención médica que se retrasa.
Por ello, remarcó la senadora campechana, el grupo parlamentario del PRI impulsa esta iniciativa para reformar el Código Civil Federal y combatir la evasión estratégica de obligaciones alimentarias.