El Congreso del Estado de Campeche ha dado un paso histórico en materia de justicia y derechos humanos al ratificar la minuta constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de feminicidio.
Con esta aprobación, la entidad se suma al esfuerzo nacional para poner fin a la fragmentación jurídica que, hasta hoy, permite que el delito más grave contra las mujeres sea investigado y sancionado de forma dispar en cada estado del país.
La sesión, presidida por el diputado Antonio Jiménez Gutiérrez, destacó la necesidad urgente de homologar los tipos penales, las agravantes y las sanciones. El objetivo es claro: garantizar el principio de igualdad ante la ley y evitar que la geografía determine el acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género.
Hacia la unificación de la justicia penal
La disparidad normativa ha sido señalada por especialistas y legisladores como un factor que favorece la impunidad.
Durante la discusión, la diputada Mayda Mas Tun de Morena enfatizó que esta reforma representa una postura firme del Estado ante una “herida abierta”, donde la dispersión legal ha derivado históricamente en investigaciones débiles y procesos desiguales que lastiman el tejido social.
Por su parte, la diputada del Partido del Trabajo (PT) Ana María López calificó el avance como un pilar fundamental para construir un marco jurídico sólido y eficaz.
La reforma obligará al Congreso federal a emitir una normativa nacional que garantice estándares internacionales en materia de derechos humanos, asegurando que las herramientas de protección no dependan de la entidad federativa donde ocurran los hechos.
El debate sobre la realidad estadística
A pesar del voto mayoritario a favor, las voces de oposición exigieron que este cambio no sea meramente simbólico.
La diputada Mónica Fernández de Movimiento Ciudadano (MC) cuestionó la situación local, señalando que la estadística muestra 16 casos de feminicidio en el estado entre 2025 y lo que va de 2026, lo cual, a su juicio, refleja una simulación estadística en una entidad que presume de paz social.
El diputado Jhosue Rodríguez Golib de Acción Nacional (PAN) aportó datos crudos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP): 41 feminicidios en Campeche registrados de enero de 2022 a marzo de 2026.
- Ante este panorama, condicionó el éxito de la reforma a ocho pilares esenciales, destacando:
- Combate a la impunidad: Evitar que los casos sean subclasificados como simples homicidios dolosos.
- Fortalecimiento institucional: Dotar de recursos y capacidades a fiscalías especializadas y servicios periciales.
- Coordinación obligatoria: Una operación técnica y administrativa real entre los tres niveles de gobierno.
Los puntos clave del nuevo marco nacional
Con la ratificación en Campeche, el país avanza hacia una estructura legal que contempla tres pilares básicos para la atención del feminicidio:
- Uniformidad: Eliminar las 32 realidades penales distintas que hoy generan discrecionalidad en las sentencias.
- Estandarización: Alinear la legislación mexicana con los protocolos internacionales más exigentes en derechos humanos.
- Protección: Asegurar que el acceso a la justicia sea una política pública nacional coordinada, dejando atrás la fragmentación que tanto daño ha causado.
El Poder Legislativo de Campeche reafirma con este acto su compromiso ante una crisis nacional de violencia de género, estableciendo las bases para una política de Estado que no solo tipifique el feminicidio, sino que trabaje en la prevención y la erradicación total de la violencia contra las mujeres en todo el territorio mexicano.
“La ratificación de la Ley General en materia de feminicidio es una toma de postura necesaria frente a la impunidad; nuestra prioridad es garantizar que cada proceso sea sólido, eficaz y, sobre todo, humano para las víctimas y sus familias”.
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