Como resultado de la audiencia realizada este domingo, el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) y sus dos colaboradores, detenidos el pasado 12 de enero, fueron vinculados a proceso.
De acuerdo al periodista Juan Daniel Ehuán, la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para continuar las investigaciones por delitos contra la salud, específicamente en la modalidad de narcomenudeo bajo la variante de posesión simple.
Durante las diligencias, se establecieron medidas cautelares que permitirán a los señalados seguir el proceso en libertad, con la condición de presentarse periódicamente a firmar ante los juzgados correspondientes.
A pesar de la vinculación, la defensa legal encabezada por el abogado Edwin Trejo sostuvo que las sustancias ilícitas fueron sembradas para justificar el traslado al Ministerio Público, anunciando que promoverán un amparo indirecto para combatir la resolución del juez.
Postura oficial sobre la autonomía y legalidad
Ante la relevancia mediática del caso, el Gobierno del Estado de Campeche emitió un comunicado para aclarar su posición y deslindarse de cualquier señalamiento de intervención política.
La Administración estatal subrayó que los procedimientos de procuración e impartición de justicia son autónomos y que el Ejecutivo no tiene injerencia en las actuaciones realizadas por la Fiscalía General o el Poder Judicial.
El documento oficial enfatiza que las detenciones y resoluciones judiciales son competencia exclusiva de las instancias legales, las cuales actúan bajo el principio del debido proceso.
Rechazo a señalamientos de persecución política
La administración encabezada por la gobernadora Layda Sansores San Román rechazó categóricamente que existan acciones de persecución o intervención en los conflictos internos de la universidad.
El comunicado reitera que el estado de derecho debe prevalecer y que las autoridades competentes son las únicas encargadas de deslindar responsabilidades conforme a las pruebas presentadas durante el periodo de investigación complementaria que inicia tras la vinculación.
De esta manera, el caso del exrector de la UACAM queda en manos de los Tribunales, mientras el Gobierno estatal sostiene su postura de respeto a la división de poderes y la transparencia en el actuar de las instituciones de justicia.
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