La empresa “José María Morelos y Pavón”, fundada en 1994, se mantiene como la última cooperativa de transporte público que busca sobrevivir ante la implementación del sistema KO’OX.
Ernesto Martínez Valencia, presidente de la organización, denunció presiones para desaparecer la ruta, a pesar de contar con el respaldo de usuarios en colonias como Bellavista, Minas, Morelos, Revolución, Santa Lucía y Villa Cabra.
Lucha por la regularización y amparo legal
La cooperativa, que opera actualmente con 21 unidades, enfrenta un proceso de regularización ante la Agencia Reguladora del Transporte (ARTEC). Martínez Valencia aclaró que la situación de la empresa no es de ilegalidad, sino de irregularidad administrativa, provocada por la negativa de la autoridad para renovar la concesión que les fue otorgada originalmente por 35 años.
Ante la falta de diálogo con directivos anteriores, la cooperativa logró obtener un amparo legal que obliga al actual director de la ARTEC, Eduardo Zubieta Marco, a recibirlos y analizar su propuesta de trabajo. El dirigente transportista enfatizó que no se oponen a la modernización, sino que exigen condiciones justas para realizar la transición hacia una flota renovada.
Exigen “piso parejo” en financiamientos
Uno de los puntos centrales de la demanda de la cooperativa es la igualdad de oportunidades en el acceso a esquemas de financiamiento. Martínez Valencia señaló que, para brindar un servicio competitivo, requieren apoyos similares a los otorgados a la empresa Movibus para la adquisición de camiones nuevos.
Los vecinos de las zonas donde prestan servicio han iniciado una recaudación de firmas y no descartan realizar movilizaciones para exigir que se les permita continuar operando. La cooperativa sostiene que la Ley de Movilidad les otorga prioridad como prestadores de servicio actuales, siempre que exista la voluntad de cumplir con los estándares de calidad y renovación que el estado demanda.
Compromiso con la renovación de flota
La directiva de la “José María Morelos y Pavón” confirmó que ya trabajan en un proyecto técnico para la adquisición de unidades nuevas, una vez que la ARTEC garantice la seguridad jurídica de su concesión. Aseguran que su permanencia es vital para mantener la cobertura en sectores donde la población depende exclusivamente de sus rutas para trasladarse a sus centros de trabajo y escuelas.
“No estamos ilegal, estamos irregularmente porque tenemos la concesión vencida y no nos quieren renovar; nosotros no nos negamos a prestar el servicio ni a renovar la flota”, puntualizó Ernesto Martínez Valencia.
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