Solo así podremos reconstruir la confianza en nuestras instituciones y avanzar hacia un país más seguro y justo
El diputado federal El diputado federal Christian Castro Bello presentó una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo de erradicar la infiltración criminal en el Estado. La propuesta busca aplicar la inhabilitación permanente a cualquier servidor público al que se le compruebe participación en actividades de delincuencia organizada.
Castro Bello, integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, señaló que no se puede tolerar que quienes administran recursos públicos traicionen la confianza ciudadana para beneficiar a estructuras criminales.
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Inhabilitación ayudará a frenar la infiltración criminal
La iniciativa surge en un contexto crítico de seguridad. El legislador refirió que, según informes internacionales, más del 70% del territorio nacional presenta presencia de grupos delictivos. Esta problemática no se limita al ejercicio del cargo, sino que alcanza el financiamiento ilícito de campañas y redes de corrupción.
Entre los puntos clave de la propuesta destacan:
- Alcance total: La inhabilitación aplicaría sin importar si el cargo fue por elección popular, designación o nombramiento.
- Reforma Constitucional: Se busca adicionar un párrafo séptimo al artículo 109 de la Constitución Política.
- Casos documentados: El diputado citó ejemplos como el “Cártel de la Barredora” y redes de “huachicol fiscal” como evidencia de la urgencia de esta medida de inhabilitación de por vida
Recuperar la confianza internacional; la inhabilitación ayudaría
El legislador del PRI también destacó que organismos como el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada han alertado sobre la posible colusión de funcionarios en delitos graves. Según Castro Bello, esta situación afecta severamente la credibilidad de México ante el mundo.
El político campechano enfatizó que el Estado debe ser garante de paz y legalidad, por lo que cerrar el paso a los vínculos con la delincuencia es un paso necesario para fortalecer las instituciones desde su raíz y garantizar que el servicio público sea íntegro.
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“El Estado mexicano debe ser garante de paz, legalidad y justicia. No podemos permitir que quienes deben proteger a la ciudadanía sean parte del problema; se requiere un golpe de timón firme”.. La propuesta busca aplicar la inhabilitación permanente a cualquier servidor público al que se le compruebe participación en actividades de delincuencia organizada.
Castro Bello, integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, señaló que no se puede tolerar que quienes administran recursos públicos traicionen la confianza ciudadana para beneficiar a estructuras criminales.
Inhabilitación permanente sería un freno a la infiltración criminal
La iniciativa surge en un contexto crítico de seguridad. El legislador refirió que, según informes internacionales, más del 70% del territorio nacional presenta presencia de grupos delictivos. Esta problemática no se limita al ejercicio del cargo, sino que alcanza el financiamiento ilícito de campañas y redes de corrupción.
Entre los puntos clave de la propuesta destacan:
- Alcance total: La sanción aplicaría sin importar si el cargo fue por elección popular, designación o nombramiento.
- Reforma Constitucional: Se busca adicionar un párrafo séptimo al artículo 109 de la Constitución Política.
- Casos documentados: El diputado citó ejemplos como el “Cártel de la Barredora” y redes de “huachicol fiscal” como evidencia de la urgencia de esta medida.
Recuperar la confianza internacional
El legislador del PRI también destacó que organismos como el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada han alertado sobre la posible colusión de funcionarios en delitos graves. Según Castro Bello, esta situación afecta severamente la credibilidad de México ante el mundo.
El político campechano enfatizó que el Estado debe ser garante de paz y legalidad, por lo que cerrar el paso a los vínculos con la delincuencia es un paso necesario para fortalecer las instituciones desde su raíz y garantizar que el servicio público sea íntegro.
“El Estado mexicano debe ser garante de paz, legalidad y justicia. No podemos permitir que quienes deben proteger a la ciudadanía sean parte del problema; se requiere un golpe de timón firme”.