La reducción retroactiva de las pensiones ya reconocidas representa una violación directa a los derechos humanos de los trabajadores y un golpe contundente a la economía de sus familias, así lo denunció la senadora Karla Toledo Zamora, integrante del grupo parlamentario del PRI, al manifestar que la racionalidad presupuestaria no puede colocarse por encima de la seguridad jurídica en México.
La legisladora presentó una iniciativa formal para corregir el Decreto publicado el pasado 10 de abril de 2026. La propuesta busca eliminar la aplicación retroactiva de los topes pensionarios y blindar los ingresos de quienes ya se encuentran en retiro.
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Buscan salvaguardar las pensiones: derechos adquiridos de los jubilados
La reforma propuesta por Toledo Zamora plantea modificar el artículo Segundo Transitorio del marco legal vigente. El objetivo central es establecer una cláusula de salvaguarda que garantice que las jubilaciones se conserven exactamente en los términos en que fueron otorgadas originalmente.
Con esta modificación parlamentaria se pretende lograr lo siguiente:
- Mantener los límites constitucionales únicamente para las solicitudes de jubilación futuras.
- Impedir la aplicación de la ley en perjuicio de personas con derechos ya consolidados.
- Respetar los convenios laborales, contratos colectivos de trabajo y sentencias firmes.
- Corregir los componentes regresivos del Decreto sin desmantelar el nuevo régimen institucional.
Reducir pensiones es un impacto directo sobre miles de familias mexicanas
Durante una conferencia de prensa convocada por el sector parlamentario del PRI en el Senado de la República, diversos colectivos de trabajadores externaron su profunda inconformidad. Los afectados señalaron que esta medida impacta de forma directa a más de 100 mil familias mexicanas, particularmente de excolaboradores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
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Los senadores de la bancada tricolor hicieron un llamado urgente al Congreso de la Unión para corregir esta disposición transitoria. Argumentaron que la redacción actual solo genera una alta litigiosidad, incertidumbre jurídica y afectaciones injustificadas a ciudadanos que dedicaron su vida entera al servicio público del país.
“Combatir privilegios indebidos es legítimo, pero hacerlo mediante la reducción retroactiva de pensiones ya reconocidas no es constitucionalmente aceptable. La austeridad no puede estar por encima de la seguridad jurídica. La racionalidad presupuestaria no puede desconocer derechos adquiridos, y ninguna reforma puede traducirse en una regresión injustificada del derecho humano a la seguridad social”.